Ocurre a pesar de que cobran sueldos básicos promedio de $15.277 más adicionales por antigüedad de hasta $10.000. Las constituciones nacional y local lo permiten en nombre de la intangibilidad salarial.
09-10-2011
Analía Boggia aboggia@diariouno.net.ar
Hace unos días la Legislatura reflotó un proyecto para que los jueces aporten a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y con esto desempolvó otra vez el debate sobre privilegios e igualdad. Aunque el sueldo básico promedio de un magistrado ronda los $15.277, a los que hay que sumarles hasta $10.000 en concepto de antigüedad, sólo el 32% destina sus cargas sociales a la prestadora sanitaria que asiste al resto de los empleados públicos, legisladores y funcionarios.
Sin embargo, esta no es la única diferencia que separa a los simples mortales de los encargados de impartir justicia. Es que tanto el artículo 110 de la Constitución nacional como el artículo 151 de la Carta Magna mendocina, modificado por un plebiscito en 2005, establece que los salarios de los magistrados no podrán ser disminuidos.
La interpretación de la garantía de intangibilidad que señalan ambos ítems, que busca preservar la independencia del Poder Judicial de los vaivenes políticos del resto de los poderes del Estado, exime a los jueces del pago de impuestos sobre bienes personales, como ocurre con Ganancias.
Teniendo en cuenta que cualquier magistrado cobra más de $12.000 (ver “Los básicos”) y que los mínimos imponibles del impuesto a las ganancias son de $5.782 para los solteros y de $7.998 para los casados con dos hijos, todos estarían obligados a abonar ese tributo.
Al respecto, el constitucionalista Víctor Ibáñez Rosaz consideró: “Unánimemente se ha visto en la interpretación del artículo 110 de la Constitución nacional y del 151 de la Constitución de Mendoza un privilegio a favor de los jueces”.
El especialista agregó: “Si bien es cierto que estas normas establecen una pauta general, esta tiene validez como principio o regla básica y admite excepciones justas, como ocurre en otras provincias” (ver aparte).
Las opiniones políticas se dividen a la hora de evaluar si la garantía de intangibilidad de los salarios de los jueces no viola el principio de igualdad: hay voces que aseguran que no pagar impuestos protege a los jueces de posibles presiones y condicionamientos del Ejecutivo, y otras creen que es un privilegio obsoleto que hay que cambiar (ver aparte).
Pero los jueces eligieron el silencio. Diario UNO intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Orlando Farruggia, presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, pero no hubo respuesta.
Más privilegios
No hacer aportes a la OSEP o la exención de pagar impuestos no son los únicos beneficios que tienen los magistrados: algunos ven como un privilegio la suerte de enganche proveniente de la firma del convenio entre el gobierno de Celso Jaque y el Poder Judicial en abril de 2008, por el cual los aumentos salariales de los jueces provinciales están atados a los incrementos que van teniendo los que están en el régimen de la Justicia federal.
En aquel momento, el radicalismo criticó fuertemente al oficialismo por lo que consideró una especie de actualización automática de los salarios.
Ocurre a pesar de que cobran sueldos básicos promedio de $15.277 más adicionales por antigüedad de hasta $10.000. Las constituciones nacional y local lo permiten en nombre de la intangibilidad salarial.09-10-2011
Analía Boggia aboggia@diariouno.net.ar
Hace unos días la Legislatura reflotó un proyecto para que los jueces aporten a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y con esto desempolvó otra vez el debate sobre privilegios e igualdad. Aunque el sueldo básico promedio de un magistrado ronda los $15.277, a los que hay que sumarles hasta $10.000 en concepto de antigüedad, sólo el 32% destina sus cargas sociales a la prestadora sanitaria que asiste al resto de los empleados públicos, legisladores y funcionarios.
Sin embargo, esta no es la única diferencia que separa a los simples mortales de los encargados de impartir justicia. Es que tanto el artículo 110 de la Constitución nacional como el artículo 151 de la Carta Magna mendocina, modificado por un plebiscito en 2005, establece que los salarios de los magistrados no podrán ser disminuidos.
La interpretación de la garantía de intangibilidad que señalan ambos ítems, que busca preservar la independencia del Poder Judicial de los vaivenes políticos del resto de los poderes del Estado, exime a los jueces del pago de impuestos sobre bienes personales, como ocurre con Ganancias.
Teniendo en cuenta que cualquier magistrado cobra más de $12.000 (ver “Los básicos”) y que los mínimos imponibles del impuesto a las ganancias son de $5.782 para los solteros y de $7.998 para los casados con dos hijos, todos estarían obligados a abonar ese tributo.
Al respecto, el constitucionalista Víctor Ibáñez Rosaz consideró: “Unánimemente se ha visto en la interpretación del artículo 110 de la Constitución nacional y del 151 de la Constitución de Mendoza un privilegio a favor de los jueces”.
El especialista agregó: “Si bien es cierto que estas normas establecen una pauta general, esta tiene validez como principio o regla básica y admite excepciones justas, como ocurre en otras provincias” (ver aparte).
Las opiniones políticas se dividen a la hora de evaluar si la garantía de intangibilidad de los salarios de los jueces no viola el principio de igualdad: hay voces que aseguran que no pagar impuestos protege a los jueces de posibles presiones y condicionamientos del Ejecutivo, y otras creen que es un privilegio obsoleto que hay que cambiar (ver aparte).
Pero los jueces eligieron el silencio. Diario UNO intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Orlando Farruggia, presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza, pero no hubo respuesta.
Más privilegios
No hacer aportes a la OSEP o la exención de pagar impuestos no son los únicos beneficios que tienen los magistrados: algunos ven como un privilegio la suerte de enganche proveniente de la firma del convenio entre el gobierno de Celso Jaque y el Poder Judicial en abril de 2008, por el cual los aumentos salariales de los jueces provinciales están atados a los incrementos que van teniendo los que están en el régimen de la Justicia federal.
En aquel momento, el radicalismo criticó fuertemente al oficialismo por lo que consideró una especie de actualización automática de los salarios.
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