Por Pepe Eliaschev | @peliaschev
Lo trascendente del episodio Zaffaroni es casi intangible, pero tiene mucho peso. La mera revelación de que un juez de la Corte Suprema es propietario de un importante lote de bienes raíces carece de dinamita. Tiene mucho dinero, ¿y qué? No es un delito. Tampoco es ilegal vivir de rentas. No agrede ninguna ley ese modo de vivir. Ni siquiera es condenable que un intelectual sea distraído y hasta indolente con los mecanismos mercantiles.
¿Dónde está la lastimadura entonces?
Zaffaroni tiene 71 años (es de enero de 1940). En décadas en la Justicia ocupó cargos significativos. Fue juez de Cámara y procurador general de Justicia en San Luis. De regreso a la Capital, fue juez nacional en lo Criminal y Correccional Federal, y en lo Criminal de Sentencia de 1976 a 1984. Al igual que centenares de magistrados argentinos, Zaffaroni juró su cargo en nombre del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional impuesto por las Fuerzas Armadas. Fue uno más de quienes la presidenta Cristina Kirchner bautizó como “jueces de la dictadura”, apelativo que ella usó con la pretensión de menoscabar a los magistrados que juzgaron a los ex comandantes, historia que se cuenta en detalle en mi nuevo libro, Los hombres del juicio.
Ya en democracia, Zaffaroni fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Tras varios años de actividad política, en 2003, a propuesta del presidente Néstor Kirchner, fue designado por el Senado como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Académico de trayectoria, estudioso, ensayista y agudo polemista, Zaffaroni es mucho más que una típica criatura de biblioteca. Ha publicado unos 25 libros. Penalista de proyección hemisférica, es autor de proyectos de reforma a los códigos penales argentino, ecuatoriano, boliviano y costarricense.
Su derrotero político no ha sido nada subalterno. Electo convencional constituyente por el partido Frente Grande de Chacho Alvarez el 10 de abril de 1994, presidió la comisión de redacción de la nueva Constitución Nacional promulgada ese año. Como político activo, fue legislador en la Ciudad de Buenos Aires de 1997 a 2000 por ese mismo espacio, ya convertido en el Frepaso aliado a la UCR en la hoy vituperada Alianza. Precisamente, el presidente Fernando de la Rúa lo designó interventor en el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en abril de 2000. Como docente, es profesor titular y director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires, que lo designó emérito en 2007.
Talentoso, inquieto, perspicaz, auténticamente involucrado en las aventuras del pensamiento, Zaffaroni no le ha tenido miedo a embanderarse en criterios revulsivos para el derecho penal clásico. No sólo aborrece de las doctrinas que postulan “mano dura” con el delito o cero tolerancia para los infractores. Su cuestionamiento del dogma punitivo es sutil e inteligente. Puede uno fastidiarse con su mirada sobre el crimen y hasta percibir en Zaffaroni una actitud indulgente o permisiva. No es un hombre obsesionado con la idea de castigar. Pero es un intelectual consistente, un jurista sinceramente seducido por la noción de las garantías extremas como cimiento central de un estado de derecho democrático. No en vano en Wikipedia se afirma (haciéndose eco, seguramente, del pensamiento zaffaroniano) que “la prostitución no es ilegal en Argentina, (…) sí lo son el proxenetismo y la trata de personas”. Es un argumento innoble y especioso, ¿o acaso no hay nexos inexorables entre trata de personas y prostitución correlativa?
La respuesta de Zaffaroni a la situación que le toca atravesar asombra por sus mediocres argumentos. Alega ser víctima de una “mediatización” del caso y se declara “acosado” por el periodismo. ¿Un garantista de paladar negro insinuando que los medios deberían ser disciplinados? Es un caso proverbial de disparatada contradicción entre las elegantes proclamas intelectuales de un alma bella y su reacción corporal cuando un incidente inunda de sospechas y conjeturas una trayectoria tan prolijamente edificada.
Veo en él y en su destemplada defensa el abismo que separa a la retórica de las efectividades conducentes. Es casi imposible que el doctor Zaffaroni deba enfrentar una denuncia penal. Seis de sus numerosos departamentos alquilados a quienes los usaban de prostíbulos, no constituyen delito alguno. Pero Zaffaroni no ha sido precisamente cauteloso en su ostensible alineamiento político.
Si algo prometía la Corte organizada en 2003 era la separación de poderes tras la década del peronismo menemista. El peronismo kirchnerista decía venir con otra historia, pero Zaffaroni se convirtió en evidente simpatizante del Poder Ejecutivo dentro del septeto que conduce al mayor tribunal argentino.
Por eso, cuando sus viejos amigos en el Congreso le refriegan a la sociedad su “impecable trayectoria académica y profesional”, y se solidarizan con él, cabe preguntarse por las razones de esa proclama, en la cual se justifica de manera acrítica y hasta infantil que Zaffaroni “manifestó su desconocimiento ante los hechos que han sido públicos en los últimos días, alegando que no era él quien se ocupaba de la administración de sus bienes y de la locación de los mismos”.
La trayectoria de Zaffaroni, como dicen sus compañeros de ruta de los años 90, lleva a “reclamar el respeto y el cuidado institucional al cargo que desempeña como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Pero también es evidente que, a estas alturas, es imposible negar una realidad inmensa: la épica oficial sobre derechos humanos y progresismo jurídico está hoy lastimada en sumo grado por una serie calamitosa de escándalos, bochornos y denuncias. Todos los afectados por el manoseo político oficial de conceptos delicados y sacros van siendo triturados por la máquina de poder que gobierna hoy el país y termina salpicando y devaluando a las personas y a las organizaciones más diversas.
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