27/09/2011 Por Enrique Piragini* para el Informador Público
Confieso que me asombró que la mamá de Candela Rodríguez cuente con el patrocinio de un abogado como Fernando Burlando, quien se caracteriza por fijar abultados honorarios.
También sorprendió el cambio de look de Carola Labrador luciendo lentes de lectura y su desenvoltura frente a los medios.
Pero lo que me causó estupor fue la arenga que lanzara el abogado Burlando convocando a los presos para que ayuden a esclarecer este infame crimen.
Llama poderosamente la atención que un abogado penalista lance al aire tan aventurada propuesta, ya que entre los códigos carcelarios la delación se paga con la muerte.
Sin embargo, en tan singular affaire, salpicado con algunas notas de color, como la entrevista de la presidente con la madre de la niña asesinada, el despliegue de efectivos de distintas fuerzas de seguridad por parte de los inoperantes gobiernos nacional y provincial, la maratón de artistas y funcionarios en procura de brindar su apoyo en la investigación a cargo de un fiscal y juez incompetentes (también por razones de jurisdicción y materia), y la repentina aparición de tantos supuestos responsables del secuestro y muerte de Candela, nada es lo que parece.
Es absurdo que la causa continúe en el ámbito de la justicia común cuando hubo un secuestro y corresponde la justicia federal, y lo que es peor aún es que en la investigación participe la propia policía bonaerense, tan cuestionada como sospechada. Recuérdese la gaffe monumental de la “mejor policía del mundo” en el desgraciado caso de la familia Pomar, como muestra de inoperancia supina.
Nadie duda que la familia de Candela sabe mucho más de lo que dice, como tampoco se duda de la connivencia policial con marginales del narcotráfico y la pedofilia, pero ahora se suma otro ingrediente llamativo: Candela sería una niña apropiada, robada a su madre biológica que tendría otras dos hermanitas.
En consonancia con esta ensalada, donde se mezcla lo peor de la sociedad, que un profesional experto en leyes pretenda traspolar el juego del POLILADRON en un asunto de tanta gravedad, resulta, cuando menos, poco serio.
De prosperar iniciativas semejantes no tendría sentido mantener a miles de funcionarios y empleados relacionados con inteligencia criminal e investigación y prevención delictual, dejando la seguridad ciudadana y la tarea de auxiliares de la Justicia en manos de personajes de dudosa catadura alojados en nuestras cárceles, aunque la mayoría de esos ciudadanos se hallen detenidos en calidad de procesados conviviendo con otros condenados por los más diversos crímenes. Llevada al extremo esta idea lo mejor sería liberar a los presos y encerrarnos el resto de los ciudadanos desprotegidos por las fuerzas de seguridad.
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